Un estudio describe cómo algunos doctores decidían si los presos eran “aptos” para ser torturados, e incluso torturaban ellos mismos.
Médicos, psicólogos y abogados a sueldo de la CIA se aliaron para cubrirse las espaldas mutuamente en la docena de centros secretos en los que se torturaba a los sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los doctores decidían si los presos eran “aptos” para ser torturados, monitorizaban las palizas para que no llegaran a la muerte, diseñaban nuevos métodos de tortura e incluso torturaban ellos mismos, según recuerda hoy un artículo en una de las principales revistas médicas de EE UU, The New England Journal of Medicine, que exige el fin definitivo de estas prácticas.
La publicación médica recupera datos del informe del Senado de EE UU que en diciembre desveló las torturas de la CIA durante la presidencia de George W. Bush. Dos psicólogos fichados por la agencia de inteligencia, James Mitchell y Bruce Jessen, diseñaron un programa basado en la “indefensión aprendida” para hacer hablar a los sospechosos. Las prácticas incluían la desnudez forzada, la privación de sueño con los detenidos de pie hasta 180 horas, golpes en la cara y en el abdomen, el waterboarding (asfixiar al preso con agua) y el walling (golpear a la persona contra un muro). El Departamento de Justicia aprobó estos métodos siempre que hubiera un médico presente.
Una de las técnicas de tortura más brutales era la llamada “alimentación rectal” por prescripción médica, aplicada entre otros al preso paquistaní Majid Khan, en huelga de hambre. Según detalló el informe del Senado, sus torturadores introdujeron por el recto de Khan una papilla de pasta con tomate, hummus, nueces y pasas, más el contenido de dos botellas de bebida energética de la marca Ensure.
“No es posible alimentar a una persona a través de la mucosa del recto”, recalcan en la revista médica los autores del texto, los doctores George J. Annas y Sondra S. Crosby, que definen la práctica como "asalto sexual". Annas es profesor de Bioética en la Universidad de Boston y Crosby dirigió los servicios médicos del Centro para la Salud y los Derechos Humanos de los Refugiados, en la misma ciudad, donde atendió a más de 300 supervivientes de torturas.
Los dos expertos hacen un llamamiento en The New England Journal of Medicine para que los médicos estadounidenses no vuelvan a participar en torturas. El presidente Barack Obama prohibió oficialmente estas prácticas cuando llegó a la Casa Blanca en 2009. Sin embargo, denuncia Annas, las torturas continúan, pese a estar prohibidas por el Convenio de Ginebra, haya médicos presentes o no.
“Aunque el informe del Senado habla solo de las instalaciones secretas de la CIA, la CIA y el Departamento de Defensa trabajan en estrecha colaboración, por lo que sus prácticas tienden a influirse unas a otras, por ejemplo en las misiones conjuntas de la CIA y los Navy Seals [la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de EE UU]”, explica Annas a Materia.
“El mejor ejemplo de conductas actuales al margen de la ética en el Ejército de EE UU quizá sean las extracciones a la fuerza de sus celdas de presos en huelga de hambre en Guantánamo, para proceder a su alimentación forzada”, sostiene Annas. Tanto la Asociación Médica Mundial como la Asociación Médica de EE UU prohíben esta práctica. En 2013, un informe del Instituto de Medicina como Profesión y la Fundación Open Society denunció el mismo escándalo.
Annas recuerda el reciente caso de una enfermera de la Armada que, esgrimiendo los principios éticos de su profesión, se negó a alimentar a la fuerza a presos en huelga de hambre en Guantánamo. La enfermera fue castigada por sus superiores. “El Ejército de EE UU debe adoptar como política, y hacer que se cumpla en la realidad, la doctrina de que el primer deber del médico militar es su paciente, incluso en una prisión”, concluye el profesor de la Universidad de Boston.
Su artículo llega apenas un mes después de que un informe denunciara la presunta colaboración secreta entre el Gobierno de Bush y la Asociación de Psicología de EE UU para justificar las torturas a prisioneros tras el 11-S. El documento, firmado por reputados psicólogos, mostraba mensajes de correo electrónico filtrados como prueba. La asociación negó las acusaciones.
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